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Con duras críticas a la interventora de la AFI, Servini sobreseyó a todos los imputados por divulgar los nombres de dos mil espías

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Con duras críticas a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a fiscales de Lomas de Zamora, la juez federal María Servini sobreseyó a Cristina Caamaño y otros imputados, en la causa que la investigaba por la filtración de dos mil nombres de espías.El criterio de la magistrada fue que la divulgación en medios K del libro de actas de la AFI durante el macrismo violó documentos secretos pero no perjudicó la seguridad del Estado. En una extensa resolución, la jueza aconsejó a los espías afectados por la divulgación de sus nombres hacer un juicio civil contra la AFI.Además, advirtió que este sobreseimiento, que incluyó al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, no debe ser una “carta blanca” para filtrar otros documentos secretos de la AFI.Para que el fallo quede firme habrá que ver si el fiscal Eduardo Taiano o los querellantes apelan o consienten la medida. Caamaño había sido indagada por Servini el 16 de julio del año pasado por la filtración que publicó el portal de noticias www.eldestapeweb.com de Roberto Navarro y luego se le dictó la falta de mérito. Navarro y otros periodistas K no fueron investigados para no afectar el secreto periodístico consagrado por el artículo 43 de la Constitución.En su indagatoria, Caamaño sostuvo que los fiscales de Lomas de Zamora “se había apartado abiertamente de los estrictos y claros recaudos que fueron detalladamente señalados en la propia resolución de desclasificación” de ese diario secreto. Caamaño impulsó ocho denuncias por supuesto espionaje ilegal contra el macrismo y la de Lomas fue una de ellas.Por su parte, los fiscales contradijeron a Caamaño y afirmaron que actuaron “a partir de la fórmula utilizada genéricamente en las resoluciones de desclasificación con las que AFI remitió la información, se entregó a los abogados de las partes copia de las actuaciones en formato digital”.En cambio, Caamaño dijo que “se les hizo saber explícitamente que la información como la documentación remitida no podía ser reproducida, divulgada o duplicada, y que su compulsa por las partes sólo podía ser personal y previa constancia en acta de la identidad de la persona que pretendía acceder a dicha información, como la puesta en conocimiento de las previsiones de los arts. 17 de la Ley Nº 25.520 y 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación”. Sin embargo, Caamaño dijo que los fiscales “omitieron completamente todos y cada uno de aquellos cuidados. Duplicaron, en contra de lo expresamente señalado en la resolución de desclasificación, el contenido de la copia del libro de actas luego filtrada sin siquiera adosarle un nuevo sello de seguridad individualizado para cada una de las partes, y lo remitieron en formato digital cuando ello también se encontraba vedado”.Caamaño negó que la divulgación haya obligado a repatriar a delegados de la AFI en el exterior “menos un Delegado que estaba en Europa -no es el del Líbano porque se habló del que estaba en el Líbano- y que hizo – no quiero pensar mal- pero llenó tres veces mal el formulario”.En sus conclusiones, la jueza Servini afirmó “que la información develada es secreta, pero en este caso no vulneraron el bien jurídico protegido en los artículos 222 y 223 del Código Penal”.Esos artículos dicen que «será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación. En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto».No obstante, la jueza sostuvo “queda claro que la revelación por sí sola de sus nombres no afecta la seguridad, medios de defensa, ni las relaciones exteriores de la Nación”. “Tal circunstancia no es óbice para afirmar que, eventualmente, sí podría lesionar la seguridad personal de cada uno de ellos, lo que en caso de estimarlo pertinente los damnificados deberían realizar sus reclamos en el fuero correspondiente”, agregó la jueza.Entonces, “la revelación de los nombres de las personas que se desempeñan/ban en la Agencia Federal de Inteligencia, por sí sola no afecta la seguridad nacional, siempre y cuando no pueda realizarse una vinculación con la actividad que cada uno de ellos desarrollaba”.Para la jueza, la remisión del libro de la AFI a los fiscales “se debió a un actuar negligente – en la creencia que estaba remitiendo la información solicitada por la justicia y que esa era la mejor manera de hacerlo”.De las normativas de contrainteligencia remitidas por Caamaño “surge que las tachaduras no serían una obligación para la remisión de información al exterior del organismo”, en alusión a testar nombres de los agentes y otros datos secretos. Aclaró que esas normas de contrainteligencia únicamente “las conoce Caamaño y fue ella quien las informó al Juzgado, aún cuando el requerimiento fue efectuado al Secretario General de Presidencia de la Nación”.Sin embargo, “no puedo dejar de remarcar que a lo largo de mi experiencia como Magistrada en numerosas ocasiones que recibí información de parte del organismo de inteligencia, algunos datos se arrimaron al Juzgado con tachaduras».Así «me llama la atención que la Dra. Caamaño Iglesias Paiz, con la larga experiencia judicial que tuvo, nunca se haya representado dicha situación”, resaltó.Entonces, “la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia habría incumplido con su deber impuesto por ley de proteger la información de la Agencia Federal de Inteligencia, como así también desatendió la costumbre con la que trabaja el organismo”.El hecho que las fotocopias del libro de protocolo de resoluciones “hayan sido enviadas de la manera en que lo fueron a la sede de la Fiscalía Federal n°2 de Lomas de Zamora fue una negligencia en su accionar que también, por los requisitos del tipo penal (requiere conocimiento y voluntad de la conducta realizada), no es punible”.La propia Caamaño “había admitido que existían Magistrados que aún cuando ella les remitía información desclasificada, le preguntaban de qué manera las partes podían acceder a ella, ello aún cuando el artículo 17 de la ley n° 25.520 era claro”.Por otra parte, la jueza entendió que “no resulta imputable a los Magistrados indicados la revelación de secretos aquí investigada, por cuanto a pesar de que estaban dentro de su guarda las fotocopias del libro de actas, no fueron ellos quienes produjeron al fin y al cabo la revelación y, en virtud de las circunstancias sanitarias que imperaban en ese momento, tampoco era posible que actuaran de otra manera”.El sobreseimiento de los imputados “para nada implica que sea una carta blanca para que eventuales revelaciones posteriores sean resueltas de igual manera, por el contrario, deberá en su momento realizarse un análisis separado y particular de acuerdo a cómo se diera el contexto en ese caso concreto, ya que la información era secreta”, finalizó Servini.

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