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Uruguay: grave denuncia por desapariciones de niños, niñas y adolescentes

La ONU condenó las desapariciones de menores luego de haber estado en instituciones de protección estatales. También las de mujeres desaparecidas por la acción de redes de trata y explotación sexual.

Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunció la desaparición en Uruguay de niños, niñas y adolescentes tras su permanencia en instituciones de protección estatales, así como de mujeres, por la acción de redes de trata y explotación sexual, y consideró que el Estado tiene “una deuda histórica” en materia de derechos humanos, entre ellas la falta de las llamadas “medidas de reparación” a las víctimas y «una investigación eficaz de estos casos».

La delegación, perteneciente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, terminó ayer su tarea en Uruguay y difundió hoy su informe final, en el que llamó al Estado uruguayo a acabar definitivamente con la impunidad de violadores a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).

Los expertos se reunieron con autoridades de organismos del Estado, legisladores, representantes de asociaciones de familiares y víctimas de desapariciones forzadas y organizaciones de la sociedad civil.

«El Grupo de Trabajo ha recibido información relacionada con desapariciones de niños, niñas y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales, así como (sobre) desapariciones de mujeres y niñas posiblemente relacionadas con situaciones de explotación sexual y trata», afirma el documento, sin especificar casos.

Denunció además la existencia de «un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos», así como una falta de acceso de los familiares de las víctimas a la justicia.

Respecto a las desapariciones de personas durante la dictadura militar, lamentó la falta de avances en el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido y el castigo a los culpables de los hechos. «Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente» ese estado de cosas, indicó en sus observaciones preliminares, según la agencia de noticias AFP.

De acuerdo a organizaciones de defensa de los derechos humanos, más de 200 ciudadanos uruguayos desaparecieron en el territorio nacional y en países vecinos en el marco del llamado Plan Cóndor, que coordinó la represión en la región. «Es urgente una política de Estado (…) que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales», subrayó la delegación, que recomendó un acceso irrestricto a los archivos oficiales.

Para el grupo, el Estado “tiene una deuda histórica pendiente desde hace casi cinco décadas y debe asumirla como una tarea impostergable y poner fin al sufrimiento y a la angustia que han acompañado a miles de personas durante décadas y que ahora, en algunos casos, debido a su edad avanzada, también deben lidiar con el miedo de morir sin que sus derechos hayan sido garantizados”.

Es un “imperativo que el Estado asuma como suyo el apremio vivido a cada instante de los últimos 50 años por parte de los familiares y que desde las más altas instancias del Estado llegue a todas las autoridades y a toda la sociedad uruguaya un mensaje claro e inequívoco de que esta tarea debe asumirse colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia”, remarcó el informe.

Saludó por otra parte «la valentía y la lucha incansable de las víctimas, sus familiares y sus representantes por encontrar a las personas desaparecidas, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad», así como la labor realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos

La delegación de la ONU reseñó que la Declaración de 1992 exige que el Estado garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de las desapariciones forzadas, a fin de identificar a los presuntos responsables e imponerles las sanciones que puedan corresponder.

El Grupo de Trabajo también visitó el Memorial de los Detenidos-Desaparecidos del Cerro de Montevideo, el Museo de la Memoria, la ex sede del Servicio de Información de Defensa, y los sitios de memoria de exPenal de Punta Carretas, Toledo y La Tablada, reseñó el sitio de GrupoMultimedio. El documento será presentado ante la 54ta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2023 en Ginebra.

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